Llegamos este año a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en medio de una pandemia de alcance mundial, que genera un impacto social y económico devastador, con efectos muy graves sobre millones de trabajadores, sobre todo para los que desarrollan trabajos menos cualificados o precarios.

Con la esperanza de que podamos superar pronto esta enfermedad, procede ir pensando en cómo hacer frente a sus consecuencias. En este sentido, creemos que el pensamiento social de la Iglesia ofrece una perspectiva que puede ser de gran ayuda.

Los poderes públicos han de aprobar políticas sociales y económicas de la máxima potencia posible que contribuyen a la protección de los derechos de todas las personas afectadas y la reactivación económica.

Entre otros, creemos que hay que poner en marcha con urgencia todas las normas e instrumentos que aseguren un ingreso mínimo garantizado para todas las personas que no dispongan de ingresos suficientes, que ayude a mantener la convivencia social y recupere la economía. La cuestión es evidentemente muy compleja. La diversidad territorial, con experiencias en varios territorios como es el caso de Cataluña con la Renta Garantizada de Ciudadanía deben ser tenidas en cuenta a la hora de articular un ingreso mínimo garantizado que dé cobertura a todas las personas en el conjunto del estado.

Dado que personas y familias desprotegidas necesitan unos ingresos mínimos para poder vivir con dignidad, es necesario que las autoridades públicas les proporcionen a través de prestaciones públicas adecuadas. Muchos dirigentes políticos de diferentes tendencias ideológicas lo han reconocido, como también ha hecho varias referencias el mismo Francisco. Como no hay muchas experiencias de situaciones de urgencia similares, lo que se acuerde pedirá coraje y se deberá hacer «ad experimentum». Los presupuestos de cada año lo podrán ir ajustando, porque esperando encontrar la fórmula perfecta, existe el peligro de perder el tren.

Asimismo, tal y como reclaman otras organizaciones y colectivos, son necesarias otras medidas muy importantes para garantizar los derechos de algunos colectivos que se encuentran particularmente desprotegidos. Entre otros, la prestación de desempleo para las personas trabajadoras del hogar, el reconocimiento social del trabajo en el hogar y de los cuidados, así como la regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y trabajadoras de nacionalidad extranjera en situación de irregularidad administrativa, que los deja en una circunstancia especialmente vulnerable.

Más allá de las políticas públicas, estamos convencidos de que la recuperación de la economía productiva pedirá un esfuerzo grande de entendimiento entre trabajadores y empresarios, los cuales, en estas circunstancias excepcionales, deberán acordar muchas cosas para poder volver progresivamente a la normalidad en la medida que se vaya controlando la enfermedad.

Los inventos de ingeniería financiera y los paraísos fiscales deben ser cosa de un pasado a superar. Tampoco son aceptables ERTE s fraudulentos. Todo el mundo debe afrontar sus responsabilidades y asumir una necesaria y fraternal justicia social.

La dramática situación que se vive puede querer justificar actuaciones rígidas del Estado, sin respetar la necesaria diversidad. Hay que recordar que la economía necesita de la iniciativa privada y del control público, siempre de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Las ayudas y subvenciones que llegarán de la Unión Europea tendrán que administrar con gran responsabilidad y transparencia. Desgraciadamente hay todavía entre nosotros quienes intentan aprovecharse sin justificación, perjudicando gravemente el conjunto de nuestra sociedad y el crédito que necesitamos a nivel internacional.

En cualquier caso, la crisis que vivimos nos ha situado como sociedad ante un reto enorme y, a la vez, de una nueva oportunidad: avanzar juntos hacia un nuevo modelo económico y social centrado en la persona, que garantice el derecho a un trabajo digno y decente para todos, o subsidiariamente unos ingresos mínimos para atender las necesidades básicas, en el marco de una ecología integral. Como dice el Papa Francisco, hay «construir otras maneras de entender la economía y el progreso, para combatir la cultura del descarte, para dar voz a los que no la tienen, para proponer nuevos estilos de vida. Mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. »

Barcelona, 1 de mayo de 2020

Fundació Acció Solidària contra l’Atur
Caritas Diocesana de Barcelona
Justícia i Pau
Mans Unides
Delegació de Pastoral Social i Caritativa de l’arxidiòcesi de Barcelona
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal)
Secretariat de Pastoral Obrera de l’arxidiòcesi de Barcelona
Secretariat de Missions de l’arxidiòcesi de Barcelona
Joventut Obrera Cristiana (JOC Nacional de Catalunya i les Illes)
Moviment d’Infants i Joves d’Acció Catòlica (MIJAC)
Acció Catòlica Obrera (ACO)
Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC)
Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE)
Unió de Religiosos de Catalunya (URC)