De mantenerse las tendencias actuales en cuanto a la fecundidad, mortalidad y migraciones, de la población española, en los próximos 15 años, se estima llegará a 49 millones de habitantes, 2,4 millones más que ahora. Como el número de nacimientos será inferior al número de defunciones, este aumento de población sólo será posible gracias a una inmigración neta de 3,4 millones de personas.

Una buena noticia es que en este periodo la esperanza de vida aumentará dos años, situándose en 82,9 años para los hombres y en 87,7 para las mujeres. La ya no tan buena noticia es que seguiremos teniendo una tasa de fecundidad muy baja, hoy es de 1,31 hijos por mujer, y que a pesar de que se prevé aumentará ligeramente, quedará muy por debajo de los 2,1 de hijos necesarios para evitar que la población disminuya. Es evidente, que habrá que incentivar la natalidad y, entre otros, crear más guarderías, facilitar la conciliación familiar y dar más ayudas a las familias.

También se calcula que el año 2033, en España habrá 12,3 millones de personas mayores de 64 años; 3,4 millones más que ahora. Actualmente el porcentaje de personas mayores es del 19,2% de la población, y pasaría a ser del 25,2%. Si no aumenta la natalidad, la población envejece, se reduce la fuerza laboral, baja la producción y la economía y por lo tanto el PIB disminuye. Una población envejecida genera una mayor demanda de servicios sanitarios y asistenciales, y ni que decir, que aumenta el ya elevado coste de las pensiones.

Con estos datos, ya se ve claro que la inmigración es una necesidad vital para el país, pero, además, a la vista de cómo está el mundo, existe la obligación moral de acoger dentro de unos límites asumibles. Una vez están aquí, se les debe integrar a la sociedad y tratarlos como a los demás habitantes.

El objetivo de la política debe ser la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que exige disponer de un estado de bienestar digno. Una sociedad que deberá incentivar la natalidad, atender a una población que envejece, y que necesita inmigrantes a los que deberá acoger, deberá disponer de más recursos. El gasto social prevista en el presupuesto de 2019 era del 57% del PIB. El problema es que, a pesar de la importancia de esta cifra, los servicios públicos requieren recursos a un ritmo superior al del crecimiento del PIB.

Francesc Raventós

En una sociedad moderna las demandas sociales aumentan día a día. ¿Que tendrá que hacer para atenderlas? ¿Se podrán financiar? ¿Cómo disponer de más recursos? Estas son algunas de las preguntas a las que los políticos deberán dar respuesta. Demorar tomar decisiones sólo agravará la situación.

Francesc Raventós
Ex degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Artículo publicado en La Vanguardia el 28/04/2019.