Estoy seguro que muchas veces a lo largo de la vida os habéis hecho, como yo, una pregunta: ¿si vuestros hijos estuvieran pasando hambre, robaríais comer para poder alimentarlos? Afortunadament la gran mayoría de nosotros no nos hemos encontrado en esta situación, y por lo tanto la pregunta resulta un poco retórica; pero mucha gente la ha vivido y la vive en situaciones reales. Mi respuesta ha sido siempre que yo, después de recorrer sin resultado otros caminos, robaría alimentos para poder darles de comer, pero que sólo sería capaz de hacerlo de allá donde viera que hay mucho, no de quien tiene poco. Yo comprendo, por lo tanto, y aceptaría, que si alguien se encontrara en esta situación, hiciera lo mismo.

He actualizado esta reflexión estos últimos días, a raíz de la polémica entre los gobiernos español y catalán en relación al recurso contra la ley catalana sobre desahucios y pobreza energética. La polémica, a menudo llena de demagogia, refleja el evidente conflicto que a veces aparece entre ley y justicia o, si queréis decirlo de otro modo, entre la necesidad que tiene toda sociedad de asegurar que los comportamientos de los ciudadanos se ajusten a las leyes, y la exigencia moral y social que nadie se vea privado del acceso a unos mínimos vitales de acuerdo con la dignidad de toda persona humana. En una sociedad pobre, puede haber escasez para mucha gente; pero una sociedad con un nivel aceptable de bienestar no tiene que permitir que haya personas excluidas de acceso a algunos recursos básicos.

La existencia de la ley, la exigencia de su cumplimiento, y la sanción de su transgresión, sueño imprescindibles para el funcionamiento de una colectividad civilizada. Sin ley no hay convivencia, porque se impondría la ley de la selva, es decir, la ley de la fuerza. La ley es, entre otras cosas, una garantía de protección para los más débiles, en frente de los ataques de los más fuertes. Por lo tanto soy absolutamente partidario del imperio de la ley. El conflicto aparece cuando la ley se convierte en un instrumento que, aplicado a situaciones concretas, provoca injusticias evidentes y por lo tanto contradice su propia razón de ser. En este caso se tiene que aceptar que la ley no es un absoluto, y se tiene que buscar sin miedo qué pueden ser los límites de aplicación de la ley. Una actuación violenta y aparentemente delictiva en caso de defensa propia, es un buen ejemplo.

Dejo de banda las llamadas “leyes injustas”, es decir de aquellas proclamadas por autoridades no legitimadas democráticamente, o haciendo abuso de poder. Hablo de leyes aceptadas democráticamente, y concreto, en los casos de actualidad, sobre los conflictos entre derecho de propiedad y necesidad de uso, y entre necesidad de acceso a suministros esenciales y obligación de pagar por su consumo. Es absolutamente necesario encontrar un equilibrio entre la persecución de actuaciones ilegales, la solución de situaciones de injusticia, y la eliminación de los posibles abusos.
Esto pasa por tres caminos diferentes:

  1. Unas modificaciones legales que eliminen la contundencia de algunas leyes e introduzcan flexibilidad interpretativa, tanto en relación a la rotundidad del derecho de propiedad, como en el rigor de las cláusulas de contratos mercantiles entre partes evidentemente desiguales. La propiedad tiene también una función social.
  2. Una ampliación de la capacidad de los servicios sociales municipales para poder valorar con más conocimiento de causa los niveles de necesidad, y las actitudes de quienes formulan peticiones de excepcionalidad. La proximidad y la diligencia de actuación de la Admón. Municipal, tiene muchas ventajas sobre un lento proceso judicial.
  3. Una reforma fiscal que haga que la distribución de las rentas disponibles de la población facilite que, todo el mundo que tenga voluntad de cumplir con las normas, pueda hacerlo. Esto supondría resolver el problema antes de que aparezca; se están discutiendo actualmente diferentes modelos para garantizar un nivel mínimo de renta; pero una reforma progresiva del modelo actual ya sería un buen paso adelante.

Mientras tanto, creo inaceptable que bajo la inteligente excusa de discutibles preceptos legales o constitucionales, en los dos casos que estamos hablando, se favorezcan los intereses de una sola parte. Y me molesta ver que a las Administraciones, que obligación sería la colaboración mutua al servicio de los ciudadanos, se dediquen prioritariamente a pelearse sobre invasiones de competencias de unos y otras. Después hablamos de desafección…

Joan Majó, ingeniero y ex ministro