LO IMPORTANTE DEBE SER LO URGENTE

En los próximos meses vamos a vivir, superpuestos y confundidos, tres debates en relación con el papel de los Estados. Un debate de tipo territorial sobre las futuras relaciones entre Cataluña y el Estado español; un debate de carácter puramente político sobre las nuevas y las viejas formas de hacer política; y un debate económico sobre progreso, la creación de riqueza y la justicia social. Pienso que el debate más importante es este último, ya que el bienestar de todos, y de cada uno de los ciudadanos, ha de ser el objetivo último de toda la política, de la economía, y de la organización territorial. Por ello creo que, sin dejarlos de lado, los otros dos han de tener carácter instrumental, y su valoración, positiva o negativa, deben estar relacionadas con ver cómo se consigue mejor el objetivo del bienestar. Cito dos temas que, entre otros, estoy seguro que serán objeto del debate.

1. Estado o Mercado. El objetivo final es conseguir un sistema que genere más riqueza y que la distribuya mejor. Para ello se puede optar por una economía basada en el mercado libre; o, alternativamente, en un modelo con fuerte intervención del sector público. A lo largo del siglo pasado se ha comprobado que, para los bienes no esenciales, la competencia real en el mercado, a la hora de asignar recursos o de establecer los precios de equilibrio, es más eficiente que la planificación centralizada. Pero también se ha experimentado que el mercado libre produce un gran nivel de desigualdad, y que el sector público debe intervenir, tanto para reducir la generación de esta desigualdad, como para redistribuir las rentas para una mayor equidad, primero igualando las oportunidades de las personas, y reduciendo luego las diferencias en sus niveles finales de renta disponible. Ello se puede conseguir con cinco instrumentos políticos que se podrían simplificar así:

A) “Mercado libre pero regulado” para todos aquellos bienes y servicios que no se consideren esenciales. La regulación debe tender a asegurar la competencia, impidiendo los actuales monopolios, oligopolios o concentraciones de poder; y debe evitar que se produzcan desequilibrios excesivos en la formación de los precios, incluyendo los precios del factor trabajo.

B) “Mercado controlado desde el sector público” para productos o servicios de carácter universal o esencial (agua, energía, conectividad, movilidad, formación, salud…). En estos casos, aunque se acepte la gestión privada, las reglas de funcionamiento de las empresas prestadoras, sus precios y sus beneficios, deben estar limitadas por las normas de concesión del servicio público.

C) “Fiscalidad fuerte y progresiva” para tener unos ingresos públicos suficientes; para conseguir más equidad entre rentas del trabajo y del capital (IRPF) y mayor igualdad de oportunidades para todos (patrimonio, sucesiones); para desincentivar la economía especulativa (rentas del ahorro y sociedades); y para incentivar la eficiencia (impuestos ecológicos).

D) “Correcto equilibrio fiscal entre territorios siguiendo estrictamente el principio de solidaridad, pero manteniendo siempre la ordinalidad.

E) “Estado del bienestar sostenible” con ingresos que cubran las prestaciones y los servicios básicos con calidad y con carácter universal; pero sin confundir la universalidad con la gratuidad total para todos los ciudadanos; sino que se puedan introducir, si es necesario, elementos de copago progresivo para las rentas medias y altas.

2. Estados y U. Europea. El mercado globalizado exige reglas globales y políticas públicas de ámbito general. Sin reglas globales, las entidades económicas que actúan en un mercado absolutamente global, evitan con gran facilidad las reglas nacionales; y, sin armonizaciones fiscales globales, los capitales tienen plena capacidad de movimientos y burlan permanentemente las normas de tipo nacional. Los Estados actuales, y aún más, los territorios infraestatales, han de aceptar que en estas áreas deben ceder la soberanía a entes como la UE (reclamando conservar, eso sí, plena soberanía en temas de identidad, culturales, lingüísticos o educativos…).  La UE debe exigir a sus miembros reglas comunes en términos económicos  y de impuestos, que impidan el “dumping” laboral o fiscal.

Al votar, deberíamos evitar dejar lo importante para más adelante, y centrarnos sólo en los otros dos.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.