canvi-fiscalVivimos un progresivo distanciamiento entre los ciudadanos y los responsables políticos. Se ha insistido como causa en los casos de corrupción, de anteponer los intereses del partido a los de la sociedad, de falta de representatividad…Quiero comentar algo que afecta sobre todo a los que ocupan cargos de gobierno: la sensación de falta de voluntad o de capacidad para resolver los problemas, y de desproporción entre lo que se pide a los ciudadanos en forma de impuestos y los retornos que se reciben a través de los servicios públicos. No intento descargar culpas de nadie; ya se encargan ellos de hacerlo, a veces con razón y otras sin. La reflexión que sigue se refiere más al sistema que a las personas. Podríamos llamarle detectar un fallo de diseño.

Asimetría fiscal. No soy un experto en temas fiscales. Mis opiniones están basadas solamente en el sentido común, fruto de haber conocido, en diversos momentos, los cuatro niveles de nuestra administración pública: municipal, autonómica, estatal y europea. Siempre he pensado si no serian las cosas mucho más claras y transparentes, si cada Administración tuviera sus propios impuestos y gestionara sus propios servicios, es decir, si fuera al tiempo responsable de la calidad de los servicios, del coste de los mismos, y de conseguir los ingresos mediante los impuestos o las tasas que ella estableciera. Seguramente éste es un modelo teórico que puede tener bastantes inconvenientes, pero el actual parece a veces hecho para empañar esta transparencia.

Los Ayuntamientos tienen poquísimos impuestos municipales, y financian sus servicios a través de transferencias de fondos que reciben de las Diputaciones, de los gobiernos autonómicos y del gobierno del Estado. Las Comunidades Autónomas tienen transferidos algunos impuestos de menor cuantía (sobre los que tienen capacidad normativa y de gestión), pero su presupuesto se basa sobre todo en la participación en los impuestos del Estado (con alguna mínima capacidad de establecer recargos) y en las transferencias que de éste recibe. El Estado es el titular de la gran mayoría de los impuestos, pero ha transferido muchas competencias. Y, caso extremo, la Unión Europea no tiene impuestos; vive de una pequeñísima parte del IVA que recibe de los estados.

Estas situaciones generan ineficiencia, y ayudan a enmascarar responsabilidades a todos los niveles. Generan ineficiencia porqué es muy difícil gestionar bien un servicio siendo responsable de controlar la calidad y el coste, pero sin capacidad de modificar los ingresos. Generan ineficiencia porque los usuarios no son capaces de apreciar y juzgar el coste de un servicio al no estar ligado a un impuesto que se pague a quien lo gestiona. Y enmascaran las responsabilidades ya que al ser distintas la Administración titular del impuesto y la Administración gestora del servicio, no puede haber una adecuada rendición de cuentas que evite poder desviar la culpas a otros.

Pongo unos ejemplos: ¿Somos conscientes de que muchos servicios prestados por los Ayuntamientos, lo son a partir de una delegación y una transferencia económica de otras administraciones?   ¿Somos conscientes de que al pagar el IRPF – un impuesto estatal – estamos ingresando directamente la mitad del mismo a la Comunidad Autónoma? ¿Somos conscientes de que  la UE se financia con una cantidad que no llega al 1% del PIB de sus miembros, y por tanto su capacidad de establecer políticas de solidaridad y reequilibrio – como hacen las federaciones – ha sido voluntariamente limitada por los Estados?

Y recuerdo algunos datos ya conocidos: En la liquidación de los presupuestos de hace tres años, los gobiernos autonómicos españoles gestionaron el 35% del gasto público no financiero, mientras que sólo recaudaron el 19% de los ingresos no financieros; por su parte el Estado gestionó el 52% del gasto y recaudó el 70% de los ingresos. Y otro, referido al pretendido endeudamiento de los Ayuntamientos: la deuda pública total de las administraciones españolas se acercó en 2012 al 95% del PIB; de ella el 72% correspondió al estado, el 18% a las comunidades autonómicas, y sólo el 4% a las municipales (por cierto, una octava parte al Ayuntamiento de Madrid).

Dos comentarios.  Sé que un diseño, aparentemente más racional como el federal, puede ser difícil de implementar en un modelo político en el que hay muchas competencias compartidas entre distintas administraciones. Pero es urgente revisar el actual, y sobre todo darle transparencia, ya que las pugnas entre administraciones acaban desprestigiando a todas ellas y contribuyen mucho a la desafección política.

Nadie piense que defiendo que el ciudadano debe exigir recibir servicios por el valor de los impuestos que ha pagado. Al contrario; las rentas bajas deben recibir mucho más de lo que han pagado, y las rentas altas mucho menos, ya que si no es así dejan de tener sentido los servicios públicos… Pero unos y otros deben poder apreciar si esto ocurre y saber quien tiene la responsabilidad de que no ocurra.

Joan Majó, ingeniero y ex ministro.