Nos dicen que estamos viviendo una crisis que era difícil prever, y puede ser cierto, pero también lo es que podíamos conocer mucho be sus efectos antes de que llegara. Todos habíamos sido viendo como espectadores privilegiados las repetidas crisis que sufrían los países latinoamericanos durante las últimas décadas del siglo XX. El año 2015 Paul Singer nos lo recordaba en una de las sesiones del “Congreso Internacional de Cooperativas y economía social y solidaria” celebrado en Santiago de Chileno.

Paul Singer

Latinoamérica, –empezando en Brasil y acabando años después en Argentina–, vivió una crisis generalizada como la que más tarde se produciría en los Estado Unidos y Europa, y como aquí, los efectos económicos y sociales sobre la población de aquellos países fueron devastadores. Millones de personas, a un nivel desconocido hasta entonces, perdieron el trabajo y simultáneamente los desahucios dejaron sin casa miles de familias. El número de personas que vivían en la calle superó cualquier cifra imaginable. El año 2001, la situación vivida en Brasil se repitió en Argentina. Durante este periodo, uno de los pocos aspectos positivos que se vivieron, dice Paul Singer, fue la creación de cooperativas de trabajo, como herramienta de organización y autogestión de los trabajadores.

Por quien creen que las crisis sueño inequívocos señales del próximo colapso del capitalismo este comienzo de siglo fue un no parar. No habría que pararnos demasiado a comentarlo, si no fuera que mientras elucubramos sobre el deslumbrante pero improbable colapso fulminante del capitalismo, nos olvidamos que cada crisis es una derrota real de las clases populares, en la que se pierden derechos sociales ganados duramente a lo largo de los años.

Y en este sentido, esta crisis no ha tenido una salida diferente de las anteriores, y las políticas que se han aplicado lejos de reestructurar el sistema financiero, causando y motor del desastre, se centraron en la política laboral y los derechos sociales para así trasladar los costes a las clases populares.

Uno de los efectos más relevantes, tal como sucedió en Latinoamérica, ha sido la llamada deslaboralización, que de retruque ha traído precariedad laboral, bajada de salarios y drenaje de recursos para mantener el estado del bienestar.

La deslaboralización, consiste a externalizar la contratación laboral y realizar los trabajos propios de la empresa mediante contratos de naturaleza mercantil o civil que permiten conseguir una reducción de costes sociales y una pérdida de derechos de los trabajadores.

No es el resultado de la acción de fuerzas espontáneas e impredecibles sino de una política estudiada y coherente aplicada mediante una acción empresarial, elaborada a todos los efectos y sistemático.

Ya antes de la crisis, el sector público fue el banco de pruebas de esta política. Siguiendo ideas ultraliberales, que la izquierda asumió sin ninguna incomodidad, apareció la prédica sobre la necesidad de externalizar la prestación de servicios por parte de las administraciones. La razón era una pretensa ineficacia y baja productividad del sector público para actuar en el ámbito del mercado. A casi todas las administraciones, entró la obsesión que se tenía que reducir el personal a cargo suyo, aunque para conseguirlo fuera necesario contratar, en algunos casos a mayor coste, empresas externas. Los servicios externalizados podían ser más caros o de menos calidad, pero todo el mundo decía que eran más eficientes.

La reducción de gastos de personal de las administraciones públicas se trajo a unos niveles que ninguna empresa mercantil hubiera podido asumir sin, en algunos casos, poner en riesgo su viabilidad. Así se consiguió el primer objetivo: todo el mundo daba por cierto, casi siempre sin ninguna evidencia empírica, que el sector público era ineficiente y había que reducir su personal tanto como se pudiera.

Entonces llegó el punto de trasladar esta política de externalización a las empresas mercantiles y la crisis señaló el momento oportuno para llevarla a cabo. Sólo había que encontrar las formas contractuales adecuadas, y cualquier alternativa en el contrato laboral era buena. Se eligieron el que los expertos describen como “figuras jurídicas fronterizas con el contrato de trabajo destinadas a dar cobertura a la realización de la actividad laboral cómo si fuera realizada por un tercero ajeno a la empresa utilizando contratos difusos e inconcretos que establecen zonas jurídicas de calificación dudosa”.

La figura jurídica que se ajustaba más a este criterio y que más frecuentemente utilizada fue la del trabajador autónomo que se adoptó de forma generalizada aunque no fue la única: los contratos de realización de obra o servicio, el arrendamiento de servicios, o los contratos societarios, entre los que están las sociedades cooperativas, fueron buenos instrumentos para lograr el fin que se perseguía.

Todas estas formas jurídicas tienen en común permitir una contratación con costes menores, puesto que cómo no se trata de verdaderas empresas, sino de entelequias jurídicas bajo las cuales sólo hay trabajo, no tienen que soportar gastos de estructura que disminuyan el ahorro que proviene totalmente de la reducción de costes laborales. El autoexplotación y la reducción de contribuciones sociales, sueño las fuentes de este el ahorro de que se aprovecha exclusivamente el empresario contractador.

La independencia y capacidad de autoorganización del trabajo que se presupone que tiene cualquier empresario no plantea ningún problema a quien contrata, puesto que “tienen poderes contractuales hegemónicos, dentro de la regulación legal, y pueden asegurar por su dependencia socioeconómica la suficiente sujeción del contratista autónomo a sus directrices”.

Las cooperativas, en muchas ocasiones han sido una forma jurídica especialmente adaptable para ser utilizadas como instrumento de esta deslaboralización. Una instrumentalización que no nos tendría que sorprender porque no es nueva. Experiencias anteriores no faltan y el mismo Paul Singer explica como Brasil algunos sindicatos patronales adoptaron la forma jurídica de cooperativa para llevar a cabo de manera “más discreta” sus actividades.

Las cooperativas no han sido el único ni el más importante instrumento jurídico de deslaboralización y por lo tanto no se puede decir que sean el problema. Pero el movimiento cooperativo forma parte del problema y por eso mismo tenemos que decir que el cooperativismo tiene un problema.

Los actuales siete principios cooperativos establecidos por el ACI son demasiado inconcretos para regular una forma organizativa de base solidaria. Las cooperativas nacieron antes de que las sociedades anónimas y Marx vio en unas y otras el instrumento sobre qué construir una relación económica más justa y solidaria. Pero esto pasaba a mediados del siglo XIX y hoy ni el capitalismo ni los modelos de gestión empresarial son los mismos.

Las cooperativas tienen el reto de organizarse, no tan sólo para dejar de ser instrumento de precarización del trabajo, sino para ser instrumento de transformación social. Para hacerlo, es necesaria una reflexión en profundidad sobre el movimiento cooperativo y claras propuestas de cambio, que por el cordero de las mismas cooperativas no tendrían que tardar a hacerse

JOSEP EDO PUERTAS – Economista

Artículo publicado en la revista Cooperació Catalana, núm. 410, de junio de 2017